El 22 de octubre de 1999, 24 niños del poblado cusqueño de Tauccamarca, murieron intoxicados al ingerir su acostumbrado desayuno escolar mezclado con un plaguicida. Un profesor, su mujer y una campesina fueron señalados como responsables penales de la muerte de los colegiales. Los ministerios de Salud y Agricultura, así como la empresa Bayer, fueron demandados "por daños y perjuicios" en 2001. Cuatro años después de la tragedia, sin embargo, el proceso sigue estancado por "zancadillas legales" que retrasan el verdadero tema de fondo del juicio. ¿Hubo algún responsable civil en la muerte de tanto inocente?

Por CAROLINA MARTÍN
Fotos VIRGILIO GRAJEDA.-

Los deudos de Tauccamarca llevan desde octubre de 2001 esperando que la justicia señale a los que consideran responsables civiles de la muerte de sus hijos. Sin embargo, el proceso judicial en el que demandan "por daños y perjuicios" a los ministerios de Salud y de Agricultura, y a la empresa Bayer (fabricante del plaguicida supuestamente causante de la muerte de los 24 niños), se encuentra estancado.
Y está enredado en diversos vericuetos legales que retrasan el inicio de un proceso aún en fase preliminar y que podría finalmente ser anulado por la Sala Civil de Lima, si es que finalmente considera que la demanda de los deudos, tal y como sostiene Bayer, fue presentada fuera de tiempo.
Una vez que le fue notificada la apertura del proceso judicial en su contra, en mayo de 2002, esta transnacional farmacéutica alemana interpuso una excepción por prescripción de la demanda, que a su juicio sobrepasaba en seis meses los dos años que para efectuarla establece la ley civil peruana como límite. Una apreciación de tipo legal que no comparten en absoluto ni los deudos, ni la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAPAL-Andino), ni la Red de Acción en Alternativas al Uso de Agroquímicos (RAAA), ni el Instituto de Defensa Legal (IDL).

DOS AÑOS Y AÚN NADA
"Llevamos cerca de dos años con este tema y hasta la fecha el juicio aún no entra a discutir la materia de fondo, que es la responsabilidad de carácter extracontractual que, desde nuestro punto de vista, tiene Bayer y algunas oficinas del Estado. Ese tema aún no se está discutiendo", reclamó Carlos Rivera, abogado del IDL que asesora a los deudos demandantes.
De momento, aseguró, lo único que han hecho los demandados es interponer una serie de excepciones (dos de ellas, ya declaradas infundadas, contra la falta de calificación de Victoriano Huarayo, representante de la comunidad, para efectuar la demanda) que lo que pretenden "es ponerle punto final al proceso".
Al día de hoy, no obstante, la excepción por prescripción se encuentra apelada paradójicamente por uno de los demandados, el Ministerio de Agricultura, por lo que aún no se sabe si finalmente tanto esta entidad, como el Ministerio de Salud, como la Empresa Bayer, tendrán que defender su no responsabilidad en tan trágico acto.

PARATHION ETÍLICO Y METÍLICO
Si los deudos de Tauccamarca consideran culpables a las oficinas del gobierno y la transnacional de lo sucedido, estas no parecen dispuestas a aceptar la carga de un acto del que evaden cualquier responsabilidad.
Uno de los puntos clave que podrían desenmarañar este caso podría encontrarse en un informe elaborado por una subcomisión investigadora en el Congreso de la República, presidida por el congresista Alcides Llique y presentado el pasado 27 de junio del 2002 ante la Comisión de Agricultura.
La misma subcomisión determinó a Bayer como responsable. Pero esta transnacional asegura que nunca fue invitada a brindar su testimonio, a pesar de que tanto la empresa como la embajada alemana así lo solicitaron.
En dicho informe la identificación de la sustancia tóxica causante de la muerte es una contradicción. Se habla de investigaciones policiales y judiciales que determinan que el mortífero producto era un órgano fósforado denominado Parathion Metílico, conocido comercialmente como Folidol (propiedad de Bayer), pero también se habla de cómo los inculpados (léase el maestro, su esposa y la campesina) hacen mención a un plaguicida en polvo al que llaman "Aldryn".
Asimismo, se menciona un informe de Digesa del 10 de abril de 2002 que identifica la presencia de Parathion Etílico (muy diferente del Parathion Metílico). La pregunta parece quedar en el aire: ¿cuál era realmente la sustancia mortal que ingirieron los desafortunados niños?
El informe concluyó encontrando responsabilidades en el Ministerio de Agricultura, entre otros motivos porque SENASA "no cumplió con dotar a la actividad agraria de un mayor marco de seguridad y de menores riesgos sanitarios"; en el Ministerio de Salud, por no haber tenido una respuesta inmediata frente a la emergencia; y en el Ministerio de la Presidencia, Foncodes, por no supervisar de manera permanente proyectos como el de Foncoditos, que dependían de él.
También culpó al Ministerio de Educación por no supervisar el cumplimiento de la política educativa, en particular en lo relativo a los programas de alimentación; y a las empresas importadoras de productos plaguicidas químicos, por no asegurar un adecuado etiquetado de sus productos.

¿NEGLIGENCIA O ACCIDENTE?
 

"Bayer como productora y comercializadora y además como propietaria de la molécula con la que se elabora ese producto, es la empresa que debió establecer en sus sistemas de comercialización las garantías debidas para que este tipo de producto no se convierta en productos dañinos para la salud, sobre todo en poblaciones rurales", afirmó el abogado Rivera.
"El paquete en el que se vendía un producto tan venenoso como este no mostraba en apariencia ningún peligro, y no existía ninguna advertencia en términos de signos o letras hacia el usuario que le indicara que era venenoso", sostiene.
Es por eso que el informe dice textualmente: "La empresa Bayer, única titular del registro del plaguicida causante de la muerte de los niños, debería indemnizar a los deudos debido a su falta de deber de cuidado al no prevenir debidamente a poblaciones quechuahablantes y de limitado nivel cultural (tal como es el caso de la Comunidad Campesina de Tauccamarca) respecto de los riesgos del manejo de estas sustancias químicas; siendo esta empresa conocedora de la toxicidad y peligrosidad de los productos que ingresan al país".

NO ESTÁ DE ACUERDO
Una afirmación efectuada por una subcomisión del Congreso con la que Bayer no está de acuerdo.
Hay versiones para todos los gustos, e incluso no falta quien recuerda que incluso con esa ausencia de información, la campesina mezcló el producto con la bolsita de Foncoditos con el claro objetivo de, justamente, envenenar a un perro. Es decir, sabía la peligrosidad de lo que tenía entre manos.
Despejar la duda sobre la responsabilidad o no de la tragedia sería lo que lograría el fin de un juicio civil que aún ni siquiera ha empezado y que hasta ahora no se sabe ni siquiera si empezará. A no ser que se deniegue la excepción de prescripción de los demandados. Entonces, Bayer no tendrá más remedio que jugarse su última carta en una partida que nunca debió haber comenzado.